COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO
Continúan los asesinatos y las violaciones graves de derechos humanos en el Bajo Aguán
El 11 de julio de 2011, la FIDH, APRODEV, CIFCA, FIAN Internacional, REL-UITA y Vía Campesina Internacional presentaron ante el Parlamento Europeo las conclusiones y recomendaciones derivadas del Informe de la misión internacional de observación en el Bajo Aguán, realizada del 25 febrero al 4 de marzo de 2011, y denunciaron la continuación de asesinatos y graves violaciones de derechos humanos en Honduras.
El informe de esta misión recoge la situación de represión y violencia en que viven integrantes de las comunidades y organizaciones campesinas en la región del Valle del Bajo Aguán, quienes se encuentran en un estado de total indefensión y desprotección ante las actuaciones y omisiones de las autoridades en el marco del conflicto agrario que aqueja a esta región en Honduras. Entre enero 2010 y junio de 2011, 32 asesinatos de campesinos han sido registrados en este contexto, con involucramiento directo de cuerpos de seguridad pública y privada, quienes también son señalados como autores de actos de tortura, amenazas, y hostigamiento en contra de los campesinos organizados en la defensa de sus derechos.
Las organizaciones internacionales que formamos parte de la misión de observación, denunciamos esta situación de extrema violencia e impunidad, en la cual los movimientos campesinos que legítimamente reivindican su derecho a la tierra se han enfrentado a permanentes atropellos y violaciones tales como al derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad personal, así como a la vulneración de su derecho a la alimentación, salud, vivienda y educación, sin que los crímenes cometidos sean debidamente investigados y sancionados por las autoridades. Situación que ha llevado a la estigmatización y criminalización del movimiento campesino.
Los actos de amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos, sigue cometiéndose en total impunidad sin que hasta el momento se vislumbre una salida justa y duradera al conflicto. Tan sólo entre el 18 de marzo de 2011 y el 15 de junio de 2011, 9 campesinos han sido asesinados, y durante mayo y junio de 2011, se han registrado por lo menos 6 campesinos gravemente heridos durante acciones de desalojo forzoso. Al mismo tiempo, la implementación de las disposiciones legales y acuerdos políticos existentes para resolverlo no ha avanzado en una manera significativa.
Las organizaciones presentaron al Parlamento Europeo algunas de las recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y la comunidad internacional. Autoridades nacionales se les instó para que:
* Investiguen y sancionen de forma expedita todos los crímenes y las otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la persecución de los autores materiales como intelectuales de estos hechos;
* Cesen de inmediato la represión y la violencia contra el movimiento campesino, en particular los desalojos forzosos, y adopten medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo;
* Regulen debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, imponiéndoles el respeto pleno de los derechos humanos de la población so pena de la cancelación del permiso de operación en el país;
* Cumplan las disposiciones legales y los acuerdos políticos relativos a los conflictos agrarios, y lleven a cabo las medidas necesarias para lograr una solución justa y sostenible del problema de la tenencia de la tierra.
Las organizaciones recordaron el papel fundamental que tiene la comunidad internacional para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en Honduras. Observamos con gran consternación la reincorporación de Honduras a la OEA, sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado en este país.
A la comunidad internacional se le instó a que refuerce su atención y acción sobre la situación de derechos humanos en Honduras, en particular en el Bajo Aguán, por lo que debe:
* Contribuir con medidas concretas y contundentes a una mayor protección de las personas en riesgo, en particular en relación al Bajo Aguán;
* Realizar un monitoreo permanente de la situación en el Bajo Aguán, especialmente de los avances en la resolución del conflicto agrario, así como de la investigación y condena de los responsables de los asesinatos cometidos que incluiría brindar asesoría técnica a las autoridades nacionales;
* Asegurar la efectiva implementación de la estrategia local de las líneas directrices de la Unión Europea para la protección de defensores de derechos humanos;
* Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
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