Opopeo, Michoacán, México. Diario El Universal | 31 enero de 2011
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El primer susto llegó hasta aquí en varias camionetas sin placas y con vidrios polarizados. De cada vehículo descendieron cuatro hombres armados que visitaron por lo menos a 15 muebleros. De eso hace tres años, cuando todos se preparaban para festejar el 25 aniversario de la secundaria de este pueblo michoacano. Los hombres, que se identificaron como integrantes de La Familia Michoacana (uno de los más sanguinarios grupos de narcotraficantes en México), les dijeron que tenían que "cooperar" porque les brindarían protección.
Uno de los muebleros recuerda que los hombres armados pasaron taller por taller, pedían 10 mil pesos, según el tamaño. "Les dijimos que no teníamos ni para comer, ni para pagar la luz". El comando les informó que en los próximos días organizaría una reunión a las afueras del pueblo para discutir lo del pago por "protección", y se marchó.
Aquel episodio cambiaría la historia en Opopeo, una comunidad que se ubica entre las ciudades de Morelia y Uruapan, en el bajío del sur este mexicano, como parte del municipio de Santa Clara del Cobre. Hoy, este pueblo y las comunidades vecinas de Santa Clara del Cobre, San Gregorio, Santa Juana y Tepetate forman "la resistencia", y cada vez que son visitados por presuntos integrantes de La Familia Michoacana se reagrupan para exigir la presencia de autoridades federales para que los protejan.
Cada semana realizan reuniones. Tienen sirenas en puntos estratégicos, piedras para bloquear los caminos. Han creado la figura del "vecino vigilante", que avisa cuando hay algún extraño que no tiene nada que hacer en la comunidad. Si es necesario, lo invitan a que abandone el pueblo.
En un caso de emergencia, los pueblos organizados harán sonar las campanas. En un repique especial, miles de habitantes se reunirán para exigir a las autoridades mexicanas una solución y hacer frente a quien pretenda extorsionarlos. "Reuniremos a toda la gente, parejita: ancianos, niños, mujeres. ¿Cómo vamos a ser esclavos de ellos (capos)? No cantamos victoria, si estamos organizados es por miedo", dice un representante de la comunidad.
Opopeo, que junto con comunidades vecinas forma parte de la meseta purépecha michoacana, es un pueblo de familias completas que trabajan la madera en talleres: elaboran mesas, sillas y bancos que en parte ofrecen a la orilla de la carretera que va de Morelia a Uruapan. De acuerdo con el último censo, hay casi 15 mil habitantes que se dedican al comercio, a la agricultura y a la industria del mueble. El pueblo está a 2,240 metros de altitud y según documentos históricos fechados el 20 de septiembre de 1614, desde 1555 se conocía el pueblo de Santa María de Opopeo, ya que contaba para ese entonces con iglesia y hospital.
Temor a denunciar
Ante la situación que se vive en Opopeo, nadie quiere dar su nombre, nadie quiere ser citado. Piden que esto se sepa a nivel nacional para ver si de algo ayuda, pero todos agradecen de sobra el anonimato a la hora de hablar.
"El 90% de la población se siente azorada, asustada, y mucho del tiempo se la pasa uno pensando en cuándo será el día en que a uno le toque. No nos atrevemos a denunciar por el mismo miedo", dice otro de los habitantes.
El mueblero no yerra en lo absoluto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán no tiene entre sus archivos una sola denuncia por extorsión en esta entidad. Su presidente, Víctor Serrato, asegura que es por temor: "Nadie quiere denunciar".
Francisco Márquez Tinoco, ex diputado federal de esa región y oriundo de Opopeo, asegura que el hecho de que la población rebase a la autoridad podría provocar sangrientos desenlaces. "El tema es muy delicado, porque por un lado se puede dar un linchamiento contra cualquier delincuente y, por el otro, hay un riesgo altísimo de que la gente del pueblo sea rafagueada. Hay un riesgo altísimo para la población", dice.
Horas después de la visita de aquellos hombres en 2007, los pobladores se reunieron y tomaron la decisión de bloquear toda la tarde y parte de la noche los accesos carreteros al lugar para exigir la protección de las autoridades locales y federales.
Una unidad de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) se plantó unas horas en la comunidad, pero después el pueblo volvió a quedar en el desamparo.
En los meses siguientes la comunidad fue visitada en dos ocasiones más por el crimen organizado. Varios de los muebleros fueron golpeados y dos de ellos secuestrados.
Armados "fuera de la ley"
El pueblo iba a la deriva, pero por primera vez en la historia violenta de Michoacán, el miedo logró que los pobladores crearan su propio sistema de protección: Opopeo había tomado la iniciativa de armarse. Los pobladores comenzaron a comprar armas para su protección, pero el año pasado el Ejército cateó hogar por hogar para decomisarlas. "Como si hubieran estado de acuerdo, al día siguiente de que vinieron los militares llegó otra vez esa gente", dice otro habitante.
La acción de desarme no acabó con las ganas de protegerse. Hoy los pobladores tienen armas para cuidar a sus familias. "Estamos armados oscuramente, fuera de la ley", dicen.
Un habitante de San Gregorio comenta que la gente tiene miedo y por eso no todos apoyan en las tomas de carreteras: "Vamos a echar la mano porque ahora sí que estamos en problemas muy serios. Muchos somos los que jalamos y muchos los que nos encogemos. Pero aquí mismo los hemos forzado, no los vamos a dejar vender porque tienen que venir con nosotros".
En Santa Juana, uno de los pobladores a quien presuntamente La Familia Michoacana le pidió más de 70 mil pesos para no plagiar a su hijo, dice: "Le dan a uno de 48 horas hasta cuatro o cinco días como máximo para conseguir el dinero. ¿De dónde lo va uno a sacar?". Dice que varios de sus compañeros han estado en la misma situación, y que las autoridades aparecen después de que el mal está hecho.
Los michoacanos no están retando a La Familia, simplemente toman medidas para que el gobierno federal valore la situación. "Nos estamos previniendo para algo grande, pero esperamos que no pase nada. No estamos en contra de nadie, ni a favor de alguien, lo único que queremos es vivir en paz", dice otro representante de la comunidad.
Pareciera que en Opopeo y en sus comunidades vecinas no ven otra opción ante los embates del crimen. "La solución la tenemos los pobladores. Qué más quisieran el gobierno o el presidente Felipe Calderón, someter a los mafiosos, pero no se puede. Lo único que nos queda es organizarnos para defendernos, porque no sólo somos nosotros, es todo el país", dice un miembro de la resistencia.
"Es más, no sabemos ni de quién cuidarnos; no sabemos con quién nos topamos, no sabemos a quién platicarle. En cambio, ellos sí nos tienen bien checaditos", dice su compañero.
En uno de los talleres de madera de Opopeo una madre muestra cómo todos sus hijos trabajan haciendo sillas. Son más de ocho. Su familia ha sido amenazada por supuestos integrantes del cártel michoacano. "¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin comer por darles dinero a esos señores? Tengo coraje. Lo que quisiera es que esa gente diera la cara, porque ellos según dicen que ayudan al pueblo, ¿entonces por qué nos piden dinero?".
Uno de los muebleros recuerda que los hombres armados pasaron taller por taller, pedían 10 mil pesos, según el tamaño. "Les dijimos que no teníamos ni para comer, ni para pagar la luz". El comando les informó que en los próximos días organizaría una reunión a las afueras del pueblo para discutir lo del pago por "protección", y se marchó.
Aquel episodio cambiaría la historia en Opopeo, una comunidad que se ubica entre las ciudades de Morelia y Uruapan, en el bajío del sur este mexicano, como parte del municipio de Santa Clara del Cobre. Hoy, este pueblo y las comunidades vecinas de Santa Clara del Cobre, San Gregorio, Santa Juana y Tepetate forman "la resistencia", y cada vez que son visitados por presuntos integrantes de La Familia Michoacana se reagrupan para exigir la presencia de autoridades federales para que los protejan.
Cada semana realizan reuniones. Tienen sirenas en puntos estratégicos, piedras para bloquear los caminos. Han creado la figura del "vecino vigilante", que avisa cuando hay algún extraño que no tiene nada que hacer en la comunidad. Si es necesario, lo invitan a que abandone el pueblo.
En un caso de emergencia, los pueblos organizados harán sonar las campanas. En un repique especial, miles de habitantes se reunirán para exigir a las autoridades mexicanas una solución y hacer frente a quien pretenda extorsionarlos. "Reuniremos a toda la gente, parejita: ancianos, niños, mujeres. ¿Cómo vamos a ser esclavos de ellos (capos)? No cantamos victoria, si estamos organizados es por miedo", dice un representante de la comunidad.
Opopeo, que junto con comunidades vecinas forma parte de la meseta purépecha michoacana, es un pueblo de familias completas que trabajan la madera en talleres: elaboran mesas, sillas y bancos que en parte ofrecen a la orilla de la carretera que va de Morelia a Uruapan. De acuerdo con el último censo, hay casi 15 mil habitantes que se dedican al comercio, a la agricultura y a la industria del mueble. El pueblo está a 2,240 metros de altitud y según documentos históricos fechados el 20 de septiembre de 1614, desde 1555 se conocía el pueblo de Santa María de Opopeo, ya que contaba para ese entonces con iglesia y hospital.
Temor a denunciar
Ante la situación que se vive en Opopeo, nadie quiere dar su nombre, nadie quiere ser citado. Piden que esto se sepa a nivel nacional para ver si de algo ayuda, pero todos agradecen de sobra el anonimato a la hora de hablar.
"El 90% de la población se siente azorada, asustada, y mucho del tiempo se la pasa uno pensando en cuándo será el día en que a uno le toque. No nos atrevemos a denunciar por el mismo miedo", dice otro de los habitantes.
El mueblero no yerra en lo absoluto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán no tiene entre sus archivos una sola denuncia por extorsión en esta entidad. Su presidente, Víctor Serrato, asegura que es por temor: "Nadie quiere denunciar".
Francisco Márquez Tinoco, ex diputado federal de esa región y oriundo de Opopeo, asegura que el hecho de que la población rebase a la autoridad podría provocar sangrientos desenlaces. "El tema es muy delicado, porque por un lado se puede dar un linchamiento contra cualquier delincuente y, por el otro, hay un riesgo altísimo de que la gente del pueblo sea rafagueada. Hay un riesgo altísimo para la población", dice.
Horas después de la visita de aquellos hombres en 2007, los pobladores se reunieron y tomaron la decisión de bloquear toda la tarde y parte de la noche los accesos carreteros al lugar para exigir la protección de las autoridades locales y federales.
Una unidad de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) se plantó unas horas en la comunidad, pero después el pueblo volvió a quedar en el desamparo.
En los meses siguientes la comunidad fue visitada en dos ocasiones más por el crimen organizado. Varios de los muebleros fueron golpeados y dos de ellos secuestrados.
Armados "fuera de la ley"
El pueblo iba a la deriva, pero por primera vez en la historia violenta de Michoacán, el miedo logró que los pobladores crearan su propio sistema de protección: Opopeo había tomado la iniciativa de armarse. Los pobladores comenzaron a comprar armas para su protección, pero el año pasado el Ejército cateó hogar por hogar para decomisarlas. "Como si hubieran estado de acuerdo, al día siguiente de que vinieron los militares llegó otra vez esa gente", dice otro habitante.
La acción de desarme no acabó con las ganas de protegerse. Hoy los pobladores tienen armas para cuidar a sus familias. "Estamos armados oscuramente, fuera de la ley", dicen.
Un habitante de San Gregorio comenta que la gente tiene miedo y por eso no todos apoyan en las tomas de carreteras: "Vamos a echar la mano porque ahora sí que estamos en problemas muy serios. Muchos somos los que jalamos y muchos los que nos encogemos. Pero aquí mismo los hemos forzado, no los vamos a dejar vender porque tienen que venir con nosotros".
En Santa Juana, uno de los pobladores a quien presuntamente La Familia Michoacana le pidió más de 70 mil pesos para no plagiar a su hijo, dice: "Le dan a uno de 48 horas hasta cuatro o cinco días como máximo para conseguir el dinero. ¿De dónde lo va uno a sacar?". Dice que varios de sus compañeros han estado en la misma situación, y que las autoridades aparecen después de que el mal está hecho.
Los michoacanos no están retando a La Familia, simplemente toman medidas para que el gobierno federal valore la situación. "Nos estamos previniendo para algo grande, pero esperamos que no pase nada. No estamos en contra de nadie, ni a favor de alguien, lo único que queremos es vivir en paz", dice otro representante de la comunidad.
Pareciera que en Opopeo y en sus comunidades vecinas no ven otra opción ante los embates del crimen. "La solución la tenemos los pobladores. Qué más quisieran el gobierno o el presidente Felipe Calderón, someter a los mafiosos, pero no se puede. Lo único que nos queda es organizarnos para defendernos, porque no sólo somos nosotros, es todo el país", dice un miembro de la resistencia.
"Es más, no sabemos ni de quién cuidarnos; no sabemos con quién nos topamos, no sabemos a quién platicarle. En cambio, ellos sí nos tienen bien checaditos", dice su compañero.
En uno de los talleres de madera de Opopeo una madre muestra cómo todos sus hijos trabajan haciendo sillas. Son más de ocho. Su familia ha sido amenazada por supuestos integrantes del cártel michoacano. "¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin comer por darles dinero a esos señores? Tengo coraje. Lo que quisiera es que esa gente diera la cara, porque ellos según dicen que ayudan al pueblo, ¿entonces por qué nos piden dinero?".
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