Juventud Sandinista 19 de Julio, continuidad de las Juventudes Heroicas y protagonista de todos los tiempos

https://diariobarricada.com/

“Estamos celebrando todos estos años de aprendizaje, y celebramos también que tenemos una Gloriosa Juventud, que es continuidad de las Juventudes Heroicas, Patrióticas, que han dado lo mejor de sí, para que Nicaragua sea como es hoy: Libre, Bendita, Soberana y siempre llena de Amor, de Aspiraciones, de Sueños, de Horizontes que vamos alcanzando.

Compañera Rosario Murillo, 19 de agosto 2022

El 23 de agosto de 1979, hace 43 años, se fundó la Juventud Sandinista 19 de Julio, organización vanguardia en la defensa de la Revolución Popular Sandinista. Esta organización incorporó masivamente a los jóvenes que, de manera entusiasta y comprometida, asumieron las tareas de la transformación revolucionaria en beneficio del pueblo y en sus derechos como jóvenes.

Con el ejemplo de los Héroes y Mártires, con la guía ejemplar del FSLN, con los antecedentes de organizaciones gremiales y juveniles revolucionarias como el CUUN, el FER, la FES y la AES y con el inmenso reto de construir una nueva sociedad, la Juventud Sandinista asumió un rol protagónico en la reconstrucción y construcción de la nueva Nicaragua.

El protagonismo juvenil se desarrolla bajo la responsabilidad de los jóvenes de ayer, de hoy y de siempre, irradiados por el compromiso, que dejan los mayores a las nuevas generaciones.

Lo vimos y lo seguimos viendo: la Juventud se vincula directamente con la población más necesitada y ahí se fusiona el sentimiento más puro de servir y dar al ser humano la entrega y dedicación para mejorar la calidad de vida de la población nicaragüense.

Te puede interesar: Luisa Amanda Espinoza: símbolo de la lucha de la liberación de la mujer

La fundación de la Juventud Sandinista 19 de Julio

“Nosotros fuimos los que impulsamos la producción, levantando las cosechas. Nosotros desarrollamos la defensa de este país. Desarrollamos todas las tareas que nos daba la revolución en los ochenta. Y hoy, es la juventud actual la que está desarrollando las tareas en consolidación de la paz, son los que en momentos de paz nos traen desarrollo, economía, prosperidad […]”

Este testimonio, brindado en el marco del Primer Encuentro Nacional de fundadores de Juventud Sandinista 19 Julio, el 16 de marzo de 2019, nos aclara que un vínculo indisoluble une a todas las generaciones del sandinismo.

A menos de un año de su fundación, el 23 de marzo de 1980, se le asignó a la juventud una tarea épica que cumplir: participar activamente en la Cruzada Nacional de la Alfabetización. La tarea fue cumplida con entrega y amor; cinco meses más tarde, el 23 de agosto de 1980, se pudo celebrar el éxito de haber reducido la tasa de analfabetismo del 50.35 % al 12.96 %.

Posteriormente, siempre en la década de los ochenta, la Juventud Sandinista 19 de Julio participó activamente, levantando la producción en las áreas rurales y defendiendo el proceso revolucionario a costa de la vida, en el marco de la guerra de agresión impuesta por el gobierno de los Estados Unidos.   

Para los noventa, asumiendo el reto planteado por el Comandante Daniel de “gobernar desde abajo”, la juventud sandinista se sumó en todas las acciones de defensas de las conquistas revolucionarias.

Luchó incansablemente en las calles, a lado de los trabajadores, en contra de las privatizaciones y en defensa del 6% institucional, de la mano con el movimiento estudiantil. Tiempos difíciles para el pueblo nicaragüense.

En el 2007, con la segunda etapa de la Revolución, la Juventud volvió a participar con beligerancia en los planes de gobierno y en los proyectos sociales impulsados en nuestro país.

Donde se quema una casa, ahí está la Juventud Sandinista brindando apoyo, donde se inunda una vivienda, ahí está la Juventud Sandinista ayudando, cuando los huracanes ETA y IOTA en 2020, ahí estuvo la Juventud Sandinista en primera línea, a la par de las familias damnificadas.

Actualmente, la juventud aporta a la paz y al desarrollo humano de Nicaragua a través de movimientos como Promotoría solidaria, Red de Jóvenes Comunicadores, Movimiento Deportivo “Alexis Argüello”, Movimiento Ambientalista “Guardabarranco”, Movimiento Cultural “Leonel Rugama”, FES y UNEN, entre otros.

La juventud siempre ha comprendido la misión que cada momento histórico demanda, con la convicción que está garantizando bienestar al pueblo nicaragüense.

Lo más valioso es la disponibilidad, la solidaridad que permite la integración a las diferentes actividades, la esencia es fortalecer todo lo que se ha conseguido luchando, siempre defendiendo ante los asedios, sin permitir el arrebato de las conquistas obtenidas.

La Juventud es protagonista en todos los tiempos, en todas las batallas.

La Cruzada Nacional de Alfabetización, la defensa de la Revolución, fue la llama que encendió a esta generación permanentemente joven, como los seres humanos comprometidos, que dejan el más alto valor de compromiso para la juventud de hoy, en la continuidad de las tareas, a la luz de los nuevos tiempos.

El aporte a la Revolución se exterioriza en cada una de las tareas organizadas en los diferentes movimientos juveniles, que hacen realidad esa atención integral a la población nicaragüense.

Reconociendo lo propio, para defender con fuerza nuestra identidad, reconociendo así nuestra identidad nacional. La juventud tiene la misión permanente de ser protagonista de todos los tiempos, por eso dejo con ustedes, lo expresado por el nuestro insigne historiador, Aldo Díaz Lacayo:

 “El que siente la identidad propia, tiene la capacidad de sentir la identidad local para defender la identidad nacional y por consecuencia tener dignidad nacional”.

Escrito por: Maritza Andino

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

¿Está capacitado el Foro Económico Mundial para evaluar correctamente a Nicaragua?

Por Stephen Sefton

Pocas personas dudan ahora de que los acontecimientos contemporáneos en todo el mundo apuntan a un declive acelerado de los países de América del Norte y Europa como líderes mundiales en prácticamente cualquier esfera de la actividad humana. El colapso alrededor de todo el mundo en la aceptación de la vacua autoridad moral y política de los Estados Unidos o la Unión Europea es evidente por la negativa de la mayoría de los países del mundo mayoritario a apoyar las ilegales medidas coercitivas dirigidas por los Estados Unidos y sus aliados contra la Federación de Rusia. Puede ser que el mundo sigue amenazado por las pálidas sombras del antiguo dominio imperialista, pero éstas están siendo desplazadas rápidamente por los sueños vibrantes y las nuevas perspectivas de esperanza que rápidamente están tomando forma y llegando a ser realidad.

En este contexto incierto, cuando aparece un informe como el del Foro Económico Mundial de este año sobre la Brecha de Género Global, las personas que viven en el mundo mayoritario naturalmente echan un vistazo a sus principios subyacentes, su visión moral y sus suposiciones fundamentales. Esto es especialmente cierto en el caso de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, u otros países de todo el mundo, que están siendo atacados de manera similar por las mismas élites corporativas y políticas occidentales que controlan el propio Foro Económico Mundial. Una característica importante del informe del FEM es su dependencia de los datos y presupuestos de diversas instituciones y organizaciones occidentales financiados por gobiernos o grandes intereses empresariales. Sin embargo, a pesar de este contexto aparentemente desfavorable, el informe del FEM sí reconoce los tremendos avances en igualdad para las mujeres en Nicaragua, como se resume en el gráfico.

La escritora y trabajadora de salud comunitaria, Becca Mohally Renk, ha analizado en detalle para la red norteamericana de solidaridad con Nicaragua los resultados de este informe del FEM. Ella señala que Nicaragua es líder en igualdad de género en términos de los logros educativos y ocupa el quinto lugar en el mundo en términos de empoderamiento político. Becca también podría haber agregado que Nicaragua está a solo 0,002 puntos del primer lugar en el índice de Salud y Supervivencia del FEM. En relación con ese logro, Becca señala que aunque se informa que poco más del 30% de las mujeres nicaragüenses se casan jóvenes, el FEM informa que la edad promedio de las mujeres cuando que tienen su primer hijo es ahora un poco menos de 27 años, mientras que la tasa de fertilidad total (nacimientos por mujer) se informa que es de 2,38.

Además, el informe ubica a Nicaragua en el primer lugar de igualdad de género para

- trabajadoras profesionales y técnicas

- tasa de alfabetización de las mujeres

- matriculación de mujeres en la enseñanza terciaria

- mujeres en el parlamento

- mujeres en puestos ministeriales (gabinete)

Becca también explicó en sus notas para la red de solidaridad que, de acuerdo con el informe del FEM Nicaragua de igual forma ha logrado la igualdad de derechos o casi la igualdad de derechos en las siguientes áreas:

- acceso a la justicia

- acceso a los servicios financieros

- acceso a los activos de la tierra

- acceso a activos no terrestres

- derechos de herencia para viudas e hijas

- libertad de circulación

- derecho al divorcio

En general, los datos del FEM reflejan de manera positiva a Nicaragua, aunque se podría objetar que, por ejemplo, que el informe omite los logros del país en otras áreas relevantes para la igualdad de las mujeres, como la formación profesional y técnica gratuita, una mayor disponibilidad de agua potable o el apoyo con comidas escolares y suministros escolares gratuitos para las y los niños que asisten a la escuela preescolar y primaria. Empero el informe tiene dos fallas fundamentales en términos de dar cuenta de manera adecuada como un relato narrativo y estadístico de la igualdad de las mujeres en el país.

En primer lugar, deja en el aire la pregunta de cómo Nicaragua, dada su historia como país, podría haber logrado una igualdad de género tan sorprendentemente impresionante.

La economía y la sociedad de Nicaragua se están recuperando del legado del colonialismo genocida español, seguido de más de 170 años de repetidas intervenciones militares de Estados Unidos y una dictadura promovida por Estados Unidos, una década de guerra contrarrevolucionaria fomentada por Estados Unidos, 17 años de subdesarrollo deliberado neoliberal y luego la destrucción económica al por mayor infligida por el fallido intento de golpe de Estado de 2018. Ahora, el país también se está recuperando de los efectos de las medidas globales implementadas para enfrentar el Covid-19 y los dañinos efectos económicos globales de las medidas coercitivas ilegales de Occidente contra la Federación de Rusia.

Una segunda falla es que el informe del FEM utiliza supuestos esencialmente neocoloniales de los países ricos sobre cómo funciona realmente la economía de Nicaragua. La economía de Nicaragua tiene poco en común con una economía occidental avanzada basada principalmente en el empleo formal y salarios relativamente altos. Nicaragua es una economía de inspiración socialista con más del 70% de su economía basada en el sector familiar, cooperativo y asociativo, a menudo llamado economía popular. Es esta economía popular que ha permitido a Nicaragua ser prácticamente autosuficiente en la producción sostenible de alimentos sanos.

Además, Nicaragua cuenta con la mejor infraestructura de salud pública de Centroamérica. La atención de salud pública es gratuita. La educación es gratuita, incluida la educación técnica vocacional. los hogares de bajos ingresos reciben subsidios para sus facturas de electricidad. Los gastos de transporte público están subvencionados. Hay becas universitarias disponibles para estudiantes de bajos ingresos. Las y los niños en edad preescolar y primaria reciben una merienda escolar gratis y apoyo con los útiles escolares.

El 99% del país tiene electricidad, de la cual hasta el 70% se genera en base a fuentes renovables. El sistema de carreteras de Nicaragua se valora entre los mejores de América Latina. Nicaragua se encuentra entre los países más seguros de América Latina y el Caribe. y entre las economías más dinámicas de América Latina, con un crecimiento actual de alrededor del 5,5%. Todas estas características económicas tienen una importante dimensión de género, la cual apenas se refleja adecuadamente en el informe del Foro Económico Mundial.

Por lo tanto, el informe sobre la Brecha Global de género del FEM evade reconocer lo que implica todos estos detalles de la estructura social y económica de Nicaragua para la promoción de la igualdad de las mujeres. Y esa evasión en sí misma deja abierta la pregunta de cómo Nicaragua ha logrado superar su historia de agresión imperialista en su contra para poder defender los derechos y la igualdad de las mujeres mejor que otras naciones mucho más ricas y económicamente más avanzadas. De hecho, este año Nicaragua dará la respuesta número 43 a esa pregunta cuando su pueblo celebre el 43 Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio de 1979.

Esa victoria se produjo apenas diez años después de la publicación del histórico programa revolucionario de 1969, que se declaró explícitamente para la emancipación y la igualdad de la mujer como uno de sus principales objetivos. Estados Unidos trató de sofocar ese programa con una década de guerra contrarrevolucionaria y luego añadió por encima de ese brutal ataque militar y económico otros 17 años de destrucción sistemática neoliberal. A pesar de todos sus esfuerzos, Estados Unidos y sus aliados nunca lograron destruir la Revolución Sandinista.

Desde enero de 2007, el programa revolucionario original del FSLN se ha hecho realidad, llevado a cabo por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dirigida por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, la Revolución Nicaragüense ha rescatado la igualdad de las mujeres del feudal callejón sin salida de una cultura política basado en la identidad la cual siembra la división social y cultural al servicio de los intereses de clase de las élites gobernantes occidentales.

Nuestro Comandante Daniel y nuestra Compañera Rosario con los gobiernos del FSLN han devuelto el pleno significado a los derechos de las mujeres en términos de justicia de clase. Es por ese motivo que Nicaragua ha logrado reivindicar su historia y sus principios revolucionarios al liderar la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Pero eso nunca lo aprenderás de los informes del Foro Económico Mundial.

Fuente:

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Miguel d’Escoto y la reinvención de la ONU: una propuesta sandinista para democratizar el mundo

Por Javier Huerta

Cuando una propuesta de 2011 vuelve a interpelar al mundo en 2022 

En 2011, Miguel d’Escoto Brockmann puso por escrito una propuesta que, lejos de limitarse a reclamar algunos cambios en la composición del Consejo de Seguridad, planteaba una transformación mucho más profunda de Naciones Unidas. Bajo el título La reinvención de la ONU: una propuesta, el excanciller nicaragüense y expresidente de la Asamblea General defendía la necesidad de revisar las propias bases sobre las que se había construido el sistema multilateral después de la Segunda Guerra Mundial. Para d’Escoto, el problema no podía reducirse a incorporar algunos nuevos Estados al Consejo de Seguridad ni a modificar parcialmente el reparto de sus puestos: era necesario abordar la concentración del poder internacional, recuperar el papel democrático de la Asamblea General y construir unas Naciones Unidas capaces de responder a los grandes desafíos de un mundo que había cambiado profundamente desde 1945.

Más de una década después, en junio de 2022, aquella propuesta volvió a ocupar un espacio en el debate académico e institucional en Nicaragua. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) organizó un homenaje a Miguel d’Escoto Brockmann en el que especialistas abordaron nuevamente su pensamiento y, entre los temas tratados, la denominada “Propuesta para la Reinvención de las Naciones Unidas”. El hecho de que un proyecto formulado en 2011 volviera a ser objeto de discusión once años después resulta significativo, especialmente en un escenario internacional marcado por profundas disputas geopolíticas, crisis económicas, conflictos armados, desigualdades crecientes y una creciente discusión sobre la capacidad real de las instituciones multilaterales para afrontar problemas que afectan al conjunto de la humanidad.

No se trata, por tanto, de recuperar el texto de d’Escoto únicamente como un documento histórico. Su propuesta permite volver a examinar una cuestión que continúa abierta: ¿hasta qué punto la estructura actual de Naciones Unidas responde al mundo existente y no al equilibrio de fuerzas de 1945? La propia ONU ha reconocido en diferentes momentos la necesidad de reformar sus órganos y revitalizar la Asamblea General, mientras que los debates sobre la representación, la legitimidad y el funcionamiento del Consejo de Seguridad continúan formando parte de la agenda internacional. En ese contexto, las ideas de d’Escoto adquieren una dimensión que trasciende su momento histórico y permiten analizar desde otra perspectiva el problema de fondo: quién tiene capacidad efectiva para tomar decisiones cuando están en juego cuestiones que afectan a todos los pueblos.

La propuesta de d’Escoto partía de una premisa política y jurídica especialmente relevante: la existencia de Naciones Unidas no garantiza por sí misma un orden internacional democrático. La igualdad formal entre los Estados —un país, un voto en la Asamblea General— convive con una distribución profundamente desigual de las capacidades de decisión dentro de la propia organización. Su planteamiento buscaba precisamente intervenir sobre esa contradicción, otorgando a la Asamblea General una autoridad mucho mayor y sometiendo los principales órganos de Naciones Unidas a una estructura de mayor representación y rendición de cuentas.

A once años de la presentación de aquella propuesta y en un momento en que volvía a ser objeto de debate en Nicaragua, resulta pertinente recuperar sus principales planteamientos, situarlos en el contexto político en el que fueron formulados y analizar qué significaba realmente aquella llamada a “reinventar” las Naciones Unidas. No como una respuesta cerrada a todos los problemas del sistema internacional, sino como una propuesta política e institucional que cuestionaba directamente la arquitectura del poder mundial.

Es desde esta perspectiva realizo este análisis de la propuesta de Miguel d’Escoto Brockmann:

La necesaria Reinvención de la ONU

Hay instituciones que envejecen sin que nadie se atreva a discutir seriamente las razones de su agotamiento. Se mantienen en pie porque fueron levantadas sobre acontecimientos históricos de enorme trascendencia y porque alrededor de ellas se ha construido durante décadas un entramado de intereses políticos, económicos y diplomáticos que hace que cualquier intento de transformación parezca demasiado difícil. Naciones Unidas pertenece, en buena medida, a esa categoría. Nació en 1945, después de la mayor catástrofe bélica conocida hasta entonces, con la pretensión de impedir que las guerras mundiales volvieran a repetirse y de establecer un sistema de seguridad colectiva basado en unas reglas aceptadas por los Estados. Pero aquella organización nació también de una correlación de fuerzas determinada: la Segunda Guerra Mundial había terminado y cinco potencias vencedoras —Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China— quedaron instaladas como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con un privilegio que continúa hasta nuestros días. Ocho décadas después, el mundo ya no es aquel de 1945. Se desintegraron los imperios coloniales, surgieron decenas de nuevos Estados independientes, América Latina consolidó su propia tradición de defensa de la soberanía, África y Asia se convirtieron en actores fundamentales del sistema internacional y nuevas potencias económicas y políticas alteraron profundamente el equilibrio mundial. Sin embargo, una parte esencial de la arquitectura institucional continúa respondiendo a aquel momento histórico. Esa contradicción estuvo en el centro del pensamiento de un nicaragüense que conocía de primera mano las relaciones entre poder, soberanía y derecho internacional: el padre Miguel d’Escoto Brockmann.

D’Escoto no llegó a las Naciones Unidas desde la diplomacia tradicional. Sacerdote de la Congregación Maryknoll, vinculado a la teología de la liberación, dirigente de la Revolución Popular Sandinista y ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua durante más de diez años, entre 1979 y 1990, había vivido en primera persona la confrontación entre un pequeño país latinoamericano que defendía su derecho a decidir su propio destino y una superpotencia que pretendía conservar su capacidad de intervención sobre Centroamérica. Como canciller de la Nicaragua sandinista participó en los procesos de paz de Contadora y Esquipulas y tuvo un papel destacado en la decisión de llevar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia en 1984 por su apoyo a las actividades militares y paramilitares contra Nicaragua. La Corte falló posteriormente a favor de Nicaragua. Aquella experiencia resulta esencial para comprender su posterior visión de Naciones Unidas: para d’Escoto, el derecho internacional no podía reducirse a declaraciones solemnes mientras los Estados más poderosos conservaran la capacidad material de imponer sus intereses por encima de las normas que formalmente debían regir a todos. La cuestión de fondo no era solamente jurídica. Era una cuestión de poder.

Cuando el 4 de junio de 2008 fue elegido presidente del 63.º período de sesiones de la Asamblea General, d’Escoto llegó a Nueva York con una idea que pronto se convirtió en el eje político de su presidencia: democratizar las Naciones Unidas. No concebía la Asamblea General como un escenario destinado a escuchar discursos una vez al año, sino como el espacio en el que debía expresarse la voluntad política del conjunto de los Estados miembros. En noviembre de aquel año fue extraordinariamente explícito al afirmar que la democratización de Naciones Unidas constituía la prioridad de su presidencia y que era necesario devolver a la Asamblea General la autoridad que, a su juicio, le correspondía como órgano más representativo de la organización. El problema que señalaba era una contradicción evidente: cada Estado tenía un voto en la Asamblea, pero la capacidad efectiva para tomar determinadas decisiones fundamentales estaba concentrada en órganos cuya estructura otorgaba un poder extraordinario a una minoría.

Esta contradicción se hacía especialmente visible en el Consejo de Seguridad. D’Escoto consideraba que la estructura existente no respondía ya a la realidad del planeta y, durante el debate de 2008, llegó a definir el Consejo como “fuera de época” y “alejado de la realidad”, reclamando una reforma que lo hiciera más representativo y responsable ante el conjunto de los Estados miembros. Pero lo verdaderamente interesante de su planteamiento es que no reducía el problema a una cuestión de distribución geográfica. No se trataba simplemente de conceder un asiento permanente a India, Brasil, un país africano o cualquier otra potencia emergente para que el viejo mecanismo continuara funcionando con nuevos protagonistas. Su crítica iba mucho más lejos: cuestionaba que una organización que se presenta como expresión del multilateralismo universal mantenga en su centro de poder una estructura que reserva a cinco Estados una posición privilegiada y un instrumento capaz de bloquear decisiones del Consejo de Seguridad.

Ahí comienza a comprenderse la dimensión política de su propuesta. La cuestión no era únicamente quién debía sentarse en la mesa, sino quién tenía derecho a decidir sobre la mesa. D’Escoto entendía que el problema de Naciones Unidas no podía solucionarse exclusivamente ampliando el número de miembros del Consejo de Seguridad si no se modificaba al mismo tiempo la relación de poder entre la Asamblea General y ese Consejo. Durante su presidencia defendió que la Asamblea debía recuperar plenamente su papel como órgano deliberativo, representativo y normativo y que era necesario restablecer el equilibrio entre los principales órganos de la organización. Cuando hablaba de democratización, por tanto, no estaba empleando la palabra como una fórmula diplomática. Estaba planteando una redistribución del poder institucional.

La experiencia histórica de las últimas décadas permite comprender por qué esa cuestión continúa siendo tan incómoda. El Consejo de Seguridad puede adoptar decisiones vinculantes, mientras que buena parte de las resoluciones de la Asamblea General expresan la posición política de la mayoría de los Estados pero no tienen el mismo carácter obligatorio. El resultado es una paradoja: el órgano más representativo no es necesariamente el que dispone de mayor capacidad para imponer decisiones, mientras que un órgano mucho más reducido concentra competencias decisivas en materia de paz y seguridad. Y dentro de ese órgano reducido cinco potencias conservan el derecho de veto. Desde una perspectiva de izquierda, la cuestión puede formularse de manera todavía más directa: la desigualdad política internacional no desaparece porque todos los Estados tengan formalmente soberanía jurídica si las estructuras institucionales continúan reproduciendo una jerarquía material del poder.

D’Escoto llevó esta reflexión mucho más lejos después de abandonar la presidencia de la Asamblea General. En 2011 presentó en Managua La reinvención de la ONU: una propuesta, un documento que no planteaba una simple reforma administrativa, sino una transformación mucho más profunda de la arquitectura internacional. El proyecto incluía una propuesta de nueva Carta de Naciones Unidas, reformas al funcionamiento de la Corte Internacional de Justicia, un proyecto de Tribunal Internacional de Justicia Climática y Protección Ambiental y una Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad. La amplitud del planteamiento demuestra que su preocupación nunca fue exclusivamente el funcionamiento del Consejo de Seguridad: lo que estaba cuestionando era el modelo de gobernanza internacional en su conjunto.

En esa propuesta aparece una de las ideas centrales de su pensamiento: la Asamblea General debía convertirse en el verdadero centro político de Naciones Unidas. El proyecto atribuía a la Asamblea un papel institucional superior y planteaba que fuera ella quien eligiera a los miembros del Consejo de Seguridad, al secretario general y a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, entre otros cargos. El Consejo dejaría de funcionar como un espacio dominado por una categoría de miembros permanentes y pasaría a estar integrado por Estados elegidos por la Asamblea, con una distribución regional. El sentido político de esta arquitectura era evidente: sustituir una parte sustancial de los privilegios heredados de 1945 por una representación basada en el conjunto de los Estados miembros.

La propuesta contemplaba un Consejo de Seguridad de 24 miembros, elegidos por la Asamblea General y distribuidos entre las diferentes regiones del mundo. Los mandatos serían limitados y desaparecería la categoría de miembros permanentes tal como existe actualmente. El cambio no era menor. Significaba cuestionar el principio mismo de que determinados Estados pudieran disponer de un privilegio institucional permanente por haber sido las grandes potencias vencedoras de una guerra ocurrida varias generaciones atrás. D’Escoto entendía que la legitimidad del sistema internacional no podía descansar eternamente sobre una fotografía congelada de 1945 mientras la composición política, económica y demográfica del planeta se había transformado radicalmente.

Pero aquí conviene hacer una precisión importante. Presentar su propuesta simplemente como una defensa de “quitar el veto” sería empobrecerla. El veto era solamente una manifestación de un problema mayor: la concentración del poder internacional. Lo que pretendía era construir una arquitectura en la que el Consejo de Seguridad estuviera políticamente subordinado al órgano que representa al conjunto de los Estados y en la que la Asamblea pudiera ejercer mecanismos efectivos de control. Su concepción de la reforma partía de una idea democrática: los órganos que ejercen poder en nombre de la comunidad internacional deben responder ante esa comunidad internacional y no convertirse en espacios autónomos dominados por las potencias que poseen mayor capacidad militar o económica.

La importancia de esta cuestión puede apreciarse incluso en el lenguaje utilizado por el propio d’Escoto durante su presidencia. En noviembre de 2008 defendió que la reforma del Consejo debía convertirlo en un órgano con legitimidad para actuar en nombre de todos los Estados miembros y reclamó que rindiera cuentas ante la Asamblea. Al mismo tiempo, defendió una revitalización de la propia Asamblea General. Para él, ambas reformas formaban parte de un mismo proceso: no tenía sentido ampliar o modificar el Consejo si la Asamblea continuaba políticamente debilitada. La transformación debía producirse “desde dentro”, modificando la relación entre los órganos y no simplemente la apariencia externa de la organización.

Este planteamiento adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa el contexto en que d’Escoto ejerció su presidencia. El mundo atravesaba en 2008 una crisis financiera que cuestionó muchos de los dogmas del neoliberalismo dominante. El sistema financiero internacional se tambaleaba, millones de personas comenzaban a sufrir las consecuencias sociales de una crisis originada en los grandes centros económicos y las desigualdades acumuladas durante décadas quedaban nuevamente expuestas. En su discurso de cierre del debate general de septiembre de 2008, d’Escoto describió el sistema económico mundial como profundamente defectuoso y vinculó la crisis financiera con la necesidad de introducir cambios en la gobernanza global. Para un análisis de izquierda, esta dimensión resulta fundamental: la crisis de la ONU no puede separarse de la crisis de un sistema económico internacional en el que las decisiones que afectan a millones de personas están fuertemente condicionadas por instituciones financieras y mercados cuya estructura de representación no coincide con el principio de igualdad soberana proclamado en Naciones Unidas.

De esta manera, la propuesta de d’Escoto rompe con una concepción estrecha del multilateralismo. No se conforma con que los Estados se sienten juntos alrededor de una mesa. Pregunta quién controla la mesa, quién fija las reglas y qué intereses terminan imponiéndose cuando las relaciones de fuerza entre los participantes son radicalmente desiguales. El problema es especialmente evidente para los países del Sur Global. Durante décadas, numerosos Estados conquistaron formalmente su independencia política mientras continuaban dependiendo económicamente de los antiguos centros coloniales o de nuevas estructuras financieras y comerciales. La descolonización política no siempre estuvo acompañada por una verdadera emancipación económica. En ese sentido, la democratización de Naciones Unidas que proponía d’Escoto formaba parte de una cuestión mucho más amplia: la lucha por democratizar las relaciones internacionales.

Por eso su propuesta institucional estaba acompañada por una crítica al modelo económico y por una concepción ecológica que, para la época en que fue formulada, resultaba especialmente avanzada. D’Escoto no consideraba el deterioro ambiental como un asunto secundario dentro de la agenda internacional. Lo vinculaba directamente con el modelo de desarrollo dominante y con una lógica económica que transforma la naturaleza en mercancía y coloca la rentabilidad por encima de los límites ecológicos. De ahí que su propuesta incorporara una Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y de la Humanidad, inspirada en buena medida en los debates latinoamericanos sobre los derechos de la naturaleza y en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra celebrada en Cochabamba en 2010. El planteamiento buscaba superar una concepción puramente antropocéntrica de los derechos y establecer una relación entre justicia social, protección ambiental y supervivencia colectiva.

La creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Protección Ambiental formaba parte de esa misma lógica. D’Escoto consideraba insuficiente que los Estados realizaran declaraciones sobre el cambio climático mientras no existieran mecanismos jurídicos capaces de establecer responsabilidades frente a determinados daños ambientales. El tribunal propuesto pretendía introducir una dimensión judicial en la protección internacional del medio ambiente y ampliar la capacidad de Naciones Unidas para actuar ante daños graves contra los ecosistemas. La propuesta incorporaba además la cuestión del ecocidio y situaba la protección de la Tierra dentro de una concepción más amplia de justicia internacional.

Esta dimensión ambiental no debe separarse de su crítica al capitalismo. D’Escoto entendía que la crisis ecológica y la desigualdad social estaban relacionadas con una misma lógica de apropiación. Cuando la naturaleza se convierte exclusivamente en fuente de materias primas, cuando el agua, la tierra, los bosques o los minerales son tratados fundamentalmente como activos económicos y cuando los costes ambientales recaen sobre poblaciones que no son las principales beneficiarias de la riqueza generada, la crisis ecológica se convierte también en una cuestión de clase y de poder internacional. Su propuesta intentaba trasladar esa preocupación al corazón mismo de Naciones Unidas, algo que hoy, en plena disputa mundial por los recursos estratégicos y la transición energética, adquiere una dimensión geopolítica todavía mayor.

Lo mismo puede decirse de su defensa del conocimiento y de determinados bienes esenciales para la humanidad. La propuesta de d’Escoto cuestionaba que aquello que resulta imprescindible para la supervivencia colectiva pudiera quedar sometido sin límites a la lógica de la apropiación privada. Su concepción del bien común ampliaba así el campo de la discusión: no se trataba solamente de distribuir mejor la riqueza producida por el sistema, sino de preguntarse qué bienes deben quedar fuera de una lógica puramente mercantil. En un mundo en el que la tecnología, los datos, los minerales estratégicos, el agua, las semillas y el conocimiento científico se han convertido en elementos centrales de la competencia geopolítica, aquella reflexión resulta especialmente significativa.

También resulta revelador que la propuesta de d’Escoto intentara abrir las puertas de Naciones Unidas a actores sociales que normalmente permanecen alejados de sus centros de decisión. El proyecto contemplaba, entre otras medidas, una relación institucional más estrecha con organizaciones sociales y otorgaba un papel específico a movimientos campesinos. La idea de fondo era coherente con su concepción de democracia internacional: si las decisiones adoptadas en los organismos internacionales tienen consecuencias directas sobre trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y comunidades enteras, no parece suficiente que la democracia internacional se limite exclusivamente a las relaciones entre gobiernos. La soberanía popular debería encontrar también espacios dentro de las instituciones multilaterales.

Esta concepción tiene profundas raíces en la experiencia latinoamericana y, particularmente, en la tradición política de la Revolución Popular Sandinista. La Nicaragua de los años ochenta convirtió la defensa de la soberanía, la autodeterminación y el derecho internacional en elementos centrales de su política exterior, precisamente porque había experimentado de forma directa la intervención de una gran potencia. El litigio ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos no fue una cuestión meramente jurídica: representó la apuesta de un pequeño Estado por utilizar una institución internacional para enfrentar a una potencia militar infinitamente superior. D’Escoto conocía, por tanto, la distancia que puede existir entre la igualdad jurídica proclamada por el derecho internacional y la desigualdad material existente entre los Estados.

Desde esa experiencia puede comprenderse mejor su desconfianza hacia la idea de una comunidad internacional gobernada únicamente por las grandes potencias. Para d’Escoto, el multilateralismo tenía sentido precisamente si permitía a los países pequeños y medianos disponer de instrumentos para defender sus derechos frente a los más poderosos. Si Naciones Unidas se limita a reproducir las relaciones de fuerza existentes fuera de ella, pierde buena parte de su razón de ser. El derecho internacional solo puede convertirse en una herramienta de paz si existe una arquitectura institucional capaz de aplicarlo sin establecer una doble vara de medir según el poder político, económico o militar del Estado implicado.

Y aquí aparece una de las cuestiones más incómodas de su propuesta: la relación entre derecho y poder. La historia contemporánea ha demostrado en numerosas ocasiones que una resolución internacional puede existir sobre el papel y, sin embargo, encontrar enormes dificultades para ser aplicada cuando afecta a los intereses de una gran potencia. D’Escoto conocía esa realidad por la experiencia de Nicaragua y por ello no se conformaba con reclamar más declaraciones. Su propuesta intentaba reforzar las instituciones capaces de convertir el derecho internacional en una herramienta efectiva. El problema que señalaba sigue siendo esencial: sin mecanismos de aplicación, el derecho corre el riesgo de convertirse en una norma que pesa de manera diferente dependiendo de quién la infrinja.

Desde esta perspectiva, la propuesta de d’Escoto también puede leerse como una crítica temprana a la idea de que el orden internacional liberal construido después de la Segunda Guerra Mundial sea necesariamente equivalente a un orden democrático. Naciones Unidas nació con una enorme promesa universalista, pero su estructura nunca estuvo separada de las relaciones de poder de las grandes potencias. El Consejo de Seguridad es probablemente la expresión más evidente de esa contradicción. No es una anomalía accidental que pueda explicarse únicamente por errores de diseño; es el resultado de una decisión política adoptada en 1945 para garantizar que las principales potencias vencedoras aceptaran formar parte del sistema de seguridad colectiva. El problema es que aquella solución histórica terminó convirtiéndose en una estructura permanente de privilegio.

Por eso la propuesta de d’Escoto puede resultar incómoda incluso hoy. Obliga a distinguir entre multilateralismo y democratización. No todo sistema multilateral es necesariamente democrático. Los Estados pueden reunirse, negociar y alcanzar acuerdos y, al mismo tiempo, conservarse enormes desigualdades en la capacidad efectiva de decisión. La verdadera democratización internacional exige algo más: que el poder institucional pueda ser sometido a mecanismos de representación, control y rendición de cuentas.

Naturalmente, también es necesario señalar los límites de la propuesta. Pretender modificar la Carta de Naciones Unidas hasta eliminar la categoría de miembros permanentes y trasladar una parte sustancial del poder del Consejo de Seguridad a la Asamblea General no es una reforma sencilla. Los Estados que poseen actualmente posiciones privilegiadas dentro del sistema difícilmente aceptarían de manera voluntaria una reducción de sus prerrogativas. Y aquí aparece una contradicción que d’Escoto conocía perfectamente: las mismas estructuras que deberían ser reformadas son las que concentran buena parte de la capacidad necesaria para bloquear la reforma. No basta, por tanto, con demostrar que un sistema es injusto para conseguir transformarlo. Hace falta una correlación de fuerzas internacional capaz de hacerlo posible.

Tampoco sería correcto convertir hoy la propuesta de d’Escoto en una especie de programa cerrado que deba aceptarse íntegramente. Algunas de sus soluciones necesitarían ser revisadas a la luz de la evolución del mundo durante los últimos quince años. La tecnología, la inteligencia artificial, la transformación de las cadenas productivas, el ascenso económico de China, la aparición de nuevas alianzas internacionales y la crisis climática han cambiado todavía más el escenario. Pero precisamente por eso merece la pena regresar a su propuesta. No porque todas sus respuestas continúen siendo suficientes, sino porque sus preguntas se han vuelto todavía más importantes.

Cuando d’Escoto terminó su presidencia de la Asamblea General en septiembre de 2009, dejó constancia de su convencimiento de que Naciones Unidas atravesaba una crisis profunda y de que las instituciones creadas en San Francisco estaban mostrando signos de agotamiento. Vinculó esa crisis tanto a la gobernanza política como a la económica y defendió la democratización de la organización, la revitalización de la Asamblea General, la eliminación de las armas nucleares, la lucha contra la pobreza y el hambre, la protección del medio ambiente y la defensa del acceso universal a derechos básicos. No estaba planteando una reforma aislada, sino una nueva concepción de la gobernanza mundial.

Lo significativo es que, casi dos décadas después, muchas de aquellas cuestiones continúan ocupando el centro de la agenda internacional. La reforma del Consejo de Seguridad sigue pendiente; Naciones Unidas continúa enfrentándose a la dificultad de responder eficazmente ante grandes conflictos; Palestina continúa poniendo a prueba la credibilidad del derecho internacional; la crisis climática se ha agravado; la desigualdad económica sigue limitando las posibilidades de desarrollo de buena parte del Sur Global y la disputa por el control de la tecnología y de los recursos estratégicos ha añadido nuevas dimensiones a la competencia entre potencias. La propia ONU continuó durante años con las negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad iniciadas durante el mandato de d’Escoto.

Es precisamente ahí donde la propuesta vuelve a adquirir actualidad política. El debate contemporáneo sobre la construcción de un mundo multipolar no debería reducirse a determinar qué potencia sustituirá a Estados Unidos como principal centro de poder. Desde una perspectiva de izquierda, esa discusión sería insuficiente. Un mundo con varios centros de poder puede seguir siendo profundamente desigual si las relaciones económicas continúan sometidas a la concentración de riqueza, si los recursos naturales permanecen bajo el control de grandes corporaciones, si los trabajadores continúan soportando las consecuencias de las crisis y si los pueblos del Sur siguen ocupando posiciones subordinadas dentro de la división internacional del trabajo. La multipolaridad puede abrir espacios para romper el unilateralismo, pero la democratización del sistema internacional exige ir más allá de la simple redistribución del poder entre Estados.

Ese es quizá el aspecto más interesante de la propuesta de d’Escoto para el debate actual. Su planteamiento no puede interpretarse únicamente como una reivindicación de Nicaragua frente a Estados Unidos, aunque su experiencia nicaragüense sea fundamental para entenderlo. Es una crítica más amplia a un sistema internacional construido sobre jerarquías políticas, económicas y militares. El problema no consiste únicamente en que una potencia tenga demasiado poder; consiste en que el orden mundial permita que determinados actores acumulen capacidades extraordinarias mientras millones de personas afectadas por esas decisiones carecen de instrumentos efectivos para intervenir en ellas.

En ese sentido, La reinvención de la ONU fue mucho más que un documento de reforma institucional. Fue una tentativa de responder a una pregunta que continúa sin resolver: ¿cómo construir una gobernanza mundial en la que la soberanía de los Estados, los derechos de los pueblos, la justicia social y la protección de la naturaleza no queden subordinados a la fuerza militar, al poder financiero y a la rentabilidad económica?

D’Escoto buscó su respuesta desde una tradición política muy concreta: el internacionalismo latinoamericano, la defensa de la soberanía nacional, la teología de la liberación, el pensamiento anticolonial y la experiencia de la Revolución Popular Sandinista. Pero la cuestión que planteó trasciende ampliamente Nicaragua. Porque cuando una guerra amenaza con extenderse, cuando una población civil es sometida a una violencia que desafía el derecho internacional, cuando una crisis climática golpea con mayor intensidad a quienes menos han contribuido a provocarla o cuando una crisis financiera termina siendo pagada por millones de trabajadores mientras quienes tomaron las decisiones conservan su riqueza, la pregunta vuelve a ser la misma: ¿quién decide sobre el destino de la humanidad y ante quién responde?

La respuesta de d’Escoto fue radical porque situó el problema en el lugar donde realmente debía situarse: en la estructura del poder. No bastaba con pedir a las grandes potencias que utilizaran responsablemente sus privilegios. Había que cuestionar la existencia misma de esos privilegios y construir instituciones donde la representación internacional tuviera consecuencias políticas reales. No bastaba con declarar derechos. Había que crear mecanismos capaces de defenderlos. No bastaba con hablar de protección ambiental. Había que modificar las reglas económicas y jurídicas que permiten destruir ecosistemas en nombre del beneficio. No bastaba con proclamar la igualdad entre Estados. Había que construir instituciones que redujeran la desigualdad efectiva de poder.

Por eso recuperar hoy a Miguel d’Escoto no significa mirar hacia atrás con nostalgia. Significa volver a colocar sobre la mesa una discusión que las grandes potencias han conseguido aplazar durante décadas: qué tipo de Naciones Unidas necesita el mundo y qué tipo de orden internacional queremos construir cuando el viejo equilibrio de poder ya no corresponde a la realidad del planeta.

La propuesta de d’Escoto no llegó a convertirse en una nueva Carta de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no fue sustituido por el modelo que planteaba, la Asamblea General no recibió las competencias que él defendía y tampoco se creó el Tribunal Internacional de Justicia Climática que proponía. Pero su derrota institucional no convierte sus preguntas en irrelevantes. Al contrario, la persistencia de las mismas contradicciones que intentó abordar demuestra que el problema que identificó continúa sin resolverse.

Cuando hoy se habla de recuperar la confianza en Naciones Unidas, de hacerla capaz de actuar “para todos” o de reformar el sistema multilateral, conviene recordar que hace casi dos décadas un sacerdote sandinista que había vivido en primera persona la lucha de un pequeño país contra el poder imperial llegó a una conclusión incómoda: no era suficiente con reparar la vieja arquitectura internacional. Había que democratizarla desde sus cimientos.

Y quizá esa sea la verdadera actualidad de Miguel d’Escoto.

No haber dejado una fórmula definitiva para el futuro, sino haber tenido el valor político de formular una pregunta que todavía sigue abierta: si Naciones Unidas pretende representar a toda la humanidad, ¿por qué su estructura de poder continúa reflejando, en buena medida, el mundo de 1945 y no el mundo que tenemos delante?

La respuesta a esa pregunta determinará, en buena medida, si el multilateralismo del siglo XXI será simplemente una nueva forma de administrar el viejo orden o si podrá convertirse en una herramienta para construir unas relaciones internacionales verdaderamente democráticas, soberanas y orientadas al bien común.

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Tomás Borge: el centinela de la ternura y la revolución

Por Javier Huerta

Evaluar a Tomás Borge requiere entender la dualidad del ser humano en contextos extremos. Fue el guerrillero que pasó hambre en las montañas, el prisionero que no se doblegó ante el látigo, el ministro que gestionó el poder en tiempos de guerra y el poeta que soñó con un mundo sin fronteras.

Borge enseñó que la política sin mística es administración vacía, y que la revolución, antes que un cambio de gobierno, es un cambio en la sensibilidad humana. A 10 años de su partida, su frase "Solidaridad: la ternura de los pueblos" sigue resonando como el testamento de un hombre que, por encima de todo, creía en la capacidad redentora del amor organizado.

Tomás Borge fue un creyente absoluto en la justicia, un hombre cuya vida demostró que, a veces, la impaciencia es la única forma digna de esperar el futuro.

Hablar de Tomás Borge Martínez (1930-2012) es adentrarse en el corazón de la historia contemporánea de Nicaragua. Su figura está íntimamente ligada al desarrollo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y, en consecuencia, a los procesos políticos y sociales que marcaron el siglo XX en el país. Borge no fue únicamente un líder político o militar; fue también un pensador, un poeta y un revolucionario que logró unir la acción con la reflexión, la firmeza con la sensibilidad.

Nacido en Matagalpa, en una región profundamente marcada por las desigualdades sociales, su juventud estuvo influenciada por el legado de Sandino, símbolo de resistencia y dignidad nacional. A diferencia de otros revolucionarios que llegaron a la lucha a través de la teoría, Borge lo hizo movido por una profunda indignación moral frente a la dictadura de la familia Somoza. Esta convicción lo llevó, en 1961, a fundar junto a Carlos Fonseca Amador y Silvio Mayorga el FSLN, una organización que en sus inicios parecía un sueño idealista, pero que con el tiempo transformaría el destino de Nicaragua.

Uno de los momentos más significativos de su vida ocurrió durante su encarcelamiento en 1976. Tras ser capturado, fue sometido a torturas y aislamiento, experiencias que marcaron profundamente su pensamiento. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución en 1979, sorprendió al mundo con una respuesta inesperada: en lugar de buscar venganza, propuso la reconciliación. En su poema “Mi venganza personal”, expresó que su mayor triunfo sería garantizar que los hijos de sus verdugos tuvieran acceso a educación y salud. Esta idea dio origen a una de sus frases más recordadas: “la solidaridad es la ternura de los pueblos”.

Con el triunfo revolucionario, Borge asumió el cargo de Ministro del Interior, desempeñando un papel clave durante la década de 1980, marcada por el conflicto con la “Contra”. Desde esta posición, tuvo la difícil tarea de garantizar la seguridad del Estado en un contexto de guerra, lo que lo convirtió en una figura controvertida. No obstante, su discurso siempre mantuvo un componente humanista, defendiendo la idea de que un revolucionario podía ser firme sin perder la sensibilidad.

Además de su labor política, Borge destacó como escritor. Su obra La paciente impaciencia, reconocida con el Premio Casa de las Américas en 1989, refleja sus vivencias y pensamientos sobre la lucha, el miedo, la lealtad y la esperanza. Su estilo, intenso y emocional, revela a un autor que entendía la palabra como una herramienta fundamental en la construcción de la memoria histórica.

El internacionalismo fue otro pilar en su pensamiento. Para Borge, la Revolución Sandinista no era un fenómeno aislado, sino parte de una lucha global contra la injusticia. Su estrecha relación con Fidel Castro y sus constantes viajes por distintos continentes evidencian su compromiso con los movimientos de liberación en todo el mundo. Nicaragua, en su visión, era solo una trinchera dentro de una causa universal.

Tras la derrota electoral del FSLN en 1990, Borge se mantuvo fiel a sus ideales y a su partido, acompañando el liderazgo de Daniel Ortega en momentos de crisis interna. En sus últimos años, ocupó cargos como diputado y embajador, pero su papel más importante fue el de custodio de la memoria histórica del sandinismo.

Tomás Borge falleció el 30 de abril de 2012, marcando el fin de una generación fundadora de Frente Sandinista. Fue un hombre de contrastes: guerrillero y poeta, estratega y soñador, firme en la lucha pero profundamente humano en sus ideales.

En definitiva, Borge demostró que la revolución no solo implica cambios políticos, sino también una transformación en la forma de entender la humanidad. Su vida y pensamiento siguen recordándonos que la justicia y la ternura no son opuestas, sino complementarias, y que la esperanza, aunque impaciente, puede ser una fuerza poderosa para construir el futuro.

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde 

Sáhara Occidental: treinta años de una promesa incumplida por Naciones Unidas

Por Javier Huerta

La ONU, el referéndum que nunca llegó y la geopolítica internacional

Treinta años después del alto el fuego que puso fin a la guerra abierta entre Marruecos y el Frente Polisario, el pueblo saharaui continúa esperando que se cumpla una promesa que parecía estar en el centro del acuerdo alcanzado en 1991: poder decidir libremente su futuro. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, nació precisamente con ese objetivo, pero el referéndum nunca llegó a celebrarse. En noviembre de 2020, además, el alto el fuego volvió a romperse y las armas regresaron a un conflicto que durante casi tres décadas había permanecido relativamente congelado. En marzo de 2022, Naciones Unidas vuelve a encontrarse ante la misma cuestión que lleva décadas sin resolver: cómo convertir el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en una realidad política.

La cuestión del Sáhara Occidental no puede entenderse, por tanto, como una disputa territorial convencional entre dos Estados. Naciones Unidas mantiene el territorio en su lista de Territorios No Autónomos desde 1963, cuando todavía era administrado por España. La propia naturaleza jurídica del problema remite a un proceso de descolonización pendiente. En 1975, el Tribunal Internacional de Justicia concluyó que los vínculos jurídicos alegados entre Marruecos y el territorio no constituían vínculos de soberanía territorial capaces de impedir la aplicación del principio de autodeterminación. La cuestión fundamental debía ser, por tanto, la voluntad de la población del territorio.

Y ahí comienza la gran contradicción que atraviesa toda la historia reciente del Sáhara: el derecho ha permanecido reconocido mientras la solución política se ha ido alejando cada vez más.

La promesa de 1991

Cuando el alto el fuego entró en vigor el 6 de septiembre de 1991, después de dieciséis años de guerra, parecía que finalmente se había encontrado una salida. Marruecos y el Frente Polisario aceptaban detener las operaciones militares y Naciones Unidas desplegaba una misión encargada de preparar el camino hacia un referéndum de autodeterminación.

La MINURSO no recibió su nombre por casualidad. La palabra «referéndum» formaba parte de su propia denominación porque ese era el objetivo fundamental para el que había sido creada. La población saharaui debía poder decidir sobre el futuro del territorio. Sin embargo, la identificación de las personas que tendrían derecho a participar en la consulta terminó convirtiéndose en un problema político de enormes dimensiones. Determinar quién debía formar parte del censo significaba, en la práctica, determinar quién podía participar en una decisión histórica sobre la soberanía del territorio.

El problema se prolongó durante años. Las diferencias entre Marruecos y el Frente Polisario impidieron alcanzar un acuerdo definitivo sobre el cuerpo electoral y el proceso comenzó a perder el impulso que había tenido en sus primeros momentos. Lo que debía ser una etapa transitoria se convirtió progresivamente en una situación permanente.

Durante los años posteriores se sucedieron las negociaciones y las propuestas de Naciones Unidas. El antiguo secretario de Estado estadounidense James Baker, que ejerció como enviado personal del secretario general, impulsó diferentes fórmulas destinadas a desbloquear la situación. El Plan Baker II llegó a plantear un periodo de autonomía seguido de una consulta sobre el estatuto definitivo del territorio, pero tampoco consiguió el acuerdo de las partes.

La cuestión había cambiado de naturaleza. Ya no se trataba únicamente de organizar el referéndum previsto en 1991. Cada nueva propuesta intentaba encontrar un punto de encuentro entre posiciones que seguían siendo incompatibles: Marruecos defendía la integración del territorio mediante una fórmula de autonomía bajo soberanía marroquí, mientras el Frente Polisario continuaba defendiendo el derecho de los saharauis a decidir su futuro y la posibilidad de la independencia.

En 2007, Marruecos presentó formalmente ante Naciones Unidas su propuesta de autonomía. Desde entonces, Rabat ha defendido que esa propuesta constituye la solución política más realista, mientras el Frente Polisario ha rechazado que pueda considerarse una solución de autodeterminación si la independencia queda excluida de antemano.

Aquí aparece una cuestión fundamental que no debería perderse entre el lenguaje diplomático: una cosa es que las partes negocien una solución y otra diferente es que el pueblo del territorio pueda decidir libremente cuál quiere que sea su futuro.

Una misión internacional atrapada en el tiempo

La historia de la MINURSO resume como pocas instituciones la paradoja del Sáhara Occidental. Su nombre continúa hablando de un referéndum que nunca se celebró y, sin embargo, su mandato se ha ido prorrogando año tras año.

En octubre de 2021, el Consejo de Seguridad volvió a extender su mandato hasta el 31 de octubre de 2022. La resolución 2602 reclamó a las partes que reanudaran las negociaciones sin condiciones previas y en buena fe, con el objetivo de alcanzar una solución política justa y duradera que proporcionara la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones.

Pero las palabras «autodeterminación» y «solución política» conviven desde hace años con una realidad muy diferente. La MINURSO ha conseguido desempeñar un papel importante en la supervisión del alto el fuego durante décadas, pero no ha podido cumplir el objetivo que dio origen a su nombre. Y la ausencia de una solución política ha terminado haciendo que lo provisional se convierta en permanente.

Existe además otra anomalía. La MINURSO no cuenta con un mandato específico de vigilancia de los derechos humanos comparable al de otras misiones internacionales. Esto ha sido objeto de críticas durante años por parte de organizaciones y actores políticos que reclaman mecanismos independientes de supervisión.

El problema no es menor. Una misión internacional puede contribuir a mantener una situación de calma, pero si carece de instrumentos suficientes para abordar las violaciones de derechos y, al mismo tiempo, no consigue llevar adelante el proceso político para el que fue creada, corre el riesgo de convertirse en parte de la propia estructura de congelación del conflicto.

El muro que convirtió la división en una realidad permanente

La dimensión política del conflicto tiene además una expresión física: el muro construido por Marruecos.

La llamada berma se extiende durante miles de kilómetros y divide las zonas controladas por Marruecos de aquellas en las que el Frente Polisario mantiene presencia. A su alrededor existe una amplia infraestructura militar y un elevado número de minas y otros restos explosivos. Para la población saharaui, la división no es una abstracción diplomática. Significa familias separadas, territorios fragmentados y generaciones que han crecido en realidades completamente diferentes.

El muro también ha contribuido a consolidar una situación territorial que inicialmente debía ser provisional. Mientras la comunidad internacional continúa hablando de una solución futura, sobre el terreno existen estructuras políticas, militares y económicas que se han desarrollado durante décadas.

Ese es uno de los problemas fundamentales del paso del tiempo. El tiempo no permanece quieto mientras los diplomáticos negocian. Cada año que transcurre permite que la realidad existente se consolide.

Y cuanto más se consolida una situación, más difícil resulta modificarla.

Los recursos naturales y el otro conflicto dentro del conflicto

Hay además una dimensión económica que tampoco puede quedar al margen. El Sáhara Occidental dispone de importantes recursos naturales, entre ellos los yacimientos de fosfatos y una zona pesquera de gran valor económico. La explotación de los recursos del territorio ha generado durante años controversias jurídicas y políticas porque el Sáhara continúa siendo considerado por Naciones Unidas un Territorio No Autónomo.

En 2002, el asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, fue consultado sobre la legalidad de las actividades de exploración de recursos minerales en el territorio. Su dictamen señaló que las actividades de exploración y explotación de recursos en un Territorio No Autónomo solo podían desarrollarse respetando los intereses y deseos de la población del territorio.

La cuestión es especialmente importante porque la explotación económica puede contribuir a consolidar sobre el terreno una determinada estructura política. Cuando se construyen infraestructuras, se desarrollan actividades industriales, se explotan recursos y se establecen relaciones económicas internacionales, la realidad del territorio cambia mientras su estatuto político continúa sin resolverse.

No sería correcto reducir todo el conflicto a una lucha por los fosfatos o por la pesca. El problema es mucho más profundo y tiene raíces históricas, nacionales y políticas. Pero tampoco puede ignorarse que los recursos naturales convierten al territorio en un espacio de interés económico para diferentes actores.

La descolonización no puede convertirse en una cuestión puramente administrativa mientras los recursos de un territorio pendiente de descolonización generan beneficios económicos. La pregunta sobre quién decide sobre esos recursos está directamente relacionada con la pregunta sobre quién tiene derecho a decidir el futuro del territorio.

Francia y el peso de las alianzas internacionales

Para comprender por qué el conflicto lleva décadas bloqueado también es necesario mirar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, especialmente, a las grandes potencias.

Francia ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con Marruecos y ha sido uno de sus principales apoyos diplomáticos en el escenario internacional. Su posición resulta especialmente relevante porque Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y, por tanto, posee capacidad de veto.

Esto ayuda a comprender una de las grandes dificultades estructurales del conflicto. Naciones Unidas puede aprobar resoluciones y mantener misiones internacionales, pero la capacidad efectiva del Consejo de Seguridad depende también de las relaciones de fuerza entre sus miembros permanentes.

La resolución 2602 de octubre de 2021 resulta reveladora. Francia votó a favor de la prórroga de la MINURSO, al igual que Estados Unidos y Reino Unido, mientras Rusia y Túnez se abstuvieron. El problema no está, por tanto, en afirmar que Francia haya utilizado en esa ocasión un veto para impedir una resolución. La cuestión es más amplia: la posición de las grandes potencias condiciona el margen de actuación de Naciones Unidas y la naturaleza de las soluciones que pueden llegar al Consejo de Seguridad.

Estados Unidos también ha adquirido un peso creciente. En diciembre de 2020, la Administración de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, rompiendo con la tradicional posición estadounidense de mantener una cierta distancia respecto de la cuestión de soberanía. Ese reconocimiento se produjo en el contexto del acuerdo de normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.

La decisión estadounidense introdujo un nuevo elemento en un conflicto que ya estaba marcado por fuertes alianzas internacionales. Marruecos obtuvo un importante respaldo de Washington mientras Argelia continuaba apoyando al Frente Polisario y defendiendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El Sáhara había dejado de ser únicamente un problema de descolonización. Se había convertido también en una pieza del tablero geopolítico del Magreb.

Argelia y Marruecos: una rivalidad que trasciende el Sáhara

El enfrentamiento entre Marruecos y el Frente Polisario tampoco puede separarse de la rivalidad entre Marruecos y Argelia.

Argelia ha sido uno de los principales apoyos políticos, diplomáticos y humanitarios del Frente Polisario y alberga los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. Marruecos, por su parte, considera que Argelia desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del conflicto y reclama que participe directamente en la búsqueda de una solución.

Detrás de esta disputa existe una rivalidad regional mucho más antigua. Marruecos y Argelia representan dos grandes potencias del Magreb con intereses estratégicos diferentes, y el Sáhara Occidental se encuentra en el centro de esa confrontación.

Esto no significa que el pueblo saharaui sea simplemente un instrumento de Argelia. Reducir la cuestión de esa manera supondría negar su propia historia, su identidad nacional y décadas de reivindicación política. Pero tampoco puede ignorarse que el conflicto saharaui se encuentra profundamente condicionado por la rivalidad entre las dos grandes potencias del Magreb.

Una vez más, los intereses de los Estados se superponen a la cuestión fundamental: qué quiere el pueblo saharaui para su propio territorio.

2020: cuando la guerra volvió a romper el silencio

Durante casi treinta años, el alto el fuego de 1991 permitió que el conflicto desapareciera parcialmente de la agenda internacional. La guerra había terminado, pero la causa política que la había provocado continuaba sin resolverse.

En noviembre de 2020, la situación cambió. La crisis de Guerguerat, en el extremo sur del territorio, terminó provocando la ruptura del alto el fuego. El Frente Polisario declaró que el acuerdo había quedado roto y se reanudaron las hostilidades.

Aquello debería haber constituido una advertencia para la comunidad internacional. El alto el fuego no había sido concebido como una solución definitiva, sino como el paso previo hacia un acuerdo político. Si el acuerdo político nunca llega, la tregua corre el riesgo de convertirse en una espera indefinida.

La reanudación de los combates demostró precisamente que el conflicto nunca había desaparecido. Había sido congelado.

Y esa diferencia es fundamental.

La paz no consiste únicamente en que durante un determinado periodo no se disparen las armas. La paz requiere también abordar las causas políticas que originaron el enfrentamiento. En el Sáhara Occidental, esas causas continúan abiertas.

Staffan de Mistura: una nueva oportunidad para la diplomacia

En octubre de 2021, Naciones Unidas nombró a Staffan de Mistura como nuevo enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental. Su nombramiento llegó después de que el puesto permaneciera vacante desde la salida de Horst Köhler en 2019. De Mistura debía trabajar con las partes, los países vecinos y otros actores para intentar reactivar el proceso político.

Su llegada generó expectativas moderadas. La Unión Europea expresó su confianza en que pudiera dar un nuevo impulso al proceso dirigido por Naciones Unidas. España, todavía en octubre de 2021, afirmaba oficialmente que apoyaba «el papel central de las Naciones Unidas» en la búsqueda de una solución conforme a la Carta de Naciones Unidas.

Pero el problema que heredaba De Mistura era enorme. No bastaba con encontrar una nueva fórmula diplomática. Había que conseguir que Marruecos y el Frente Polisario aceptaran volver a negociar en un momento en el que la confianza entre ambos estaba profundamente deteriorada y el alto el fuego había sido roto.

La diplomacia volvía a intentarlo allí donde había fracasado durante décadas.

España: de potencia colonial a actor decisivo

Y en ese momento vuelve a aparecer España.

La responsabilidad española en el Sáhara Occidental es diferente de la de cualquier otro país. España fue la potencia colonial que administró el territorio hasta 1975 y abandonó el proceso de descolonización sin permitir que la población pudiera decidir su futuro.

Naciones Unidas registra que España comunicó el 26 de febrero de 1976 que daba por terminada definitivamente su presencia en el territorio y que consideraba que quedaba desligada de cualquier responsabilidad internacional relacionada con su administración. Sin embargo, la cuestión del Sáhara continuó formando parte del proceso de descolonización de Naciones Unidas.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos españoles defendieron oficialmente el marco de Naciones Unidas y una solución política negociada. Pero España también mantuvo relaciones económicas, comerciales, migratorias y de seguridad con Marruecos. La cuestión saharaui se convirtió así en una contradicción permanente de la política exterior española: por un lado, la responsabilidad histórica y los vínculos con la sociedad saharaui; por otro, la importancia estratégica de Marruecos.

El 18 de marzo de 2022 esa contradicción alcanzó un nuevo punto.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció el inicio de una nueva etapa con Marruecos y vinculó esa nueva relación a la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial de ambos países. El cambio fue interpretado como un giro de la posición española sobre el Sáhara.

La cuestión adquirió todavía mayor importancia porque la posición española se modificaba precisamente cuando Naciones Unidas seguía intentando recuperar el proceso político y cuando el alto el fuego permanecía roto.

¿Qué queda entonces de la autodeterminación?

La cuestión central que queda después de treinta años de diplomacia internacional es incómoda pero necesaria: ¿qué significa la autodeterminación si el pueblo que debe ejercerla nunca llega a tener la posibilidad de hacerlo?

Naciones Unidas continúa hablando de autodeterminación. La resolución 2602 de 2021 sigue situándola entre los objetivos del proceso. El Sáhara continúa figurando en la lista de Territorios No Autónomos. La MINURSO continúa existiendo. El enviado personal del secretario general continúa buscando una salida política. Y, sin embargo, el referéndum para el que se creó la misión sigue sin celebrarse.

Ahí reside el verdadero fracaso del sistema internacional en el caso saharaui. No consiste en que Naciones Unidas haya declarado formalmente que el derecho de autodeterminación ha dejado de existir. Consiste en que el reconocimiento jurídico no se ha transformado en una solución política efectiva.

Durante años se ha pedido paciencia al pueblo saharaui. Se le ha pedido esperar a que las negociaciones den resultado, a que las partes encuentren un compromiso y a que las condiciones internacionales sean favorables. Pero mientras se esperaba, varias generaciones han nacido y crecido en los campamentos de refugiados; otras han vivido bajo la administración marroquí del territorio; familias enteras han permanecido separadas y la población ha visto cómo el conflicto se convertía en una parte permanente de su existencia.

La espera también tiene consecuencias políticas.

Un conflicto congelado no es un conflicto resuelto

Desde una perspectiva de izquierda, internacionalista y anticolonial, el caso del Sáhara Occidental plantea una cuestión que no puede quedar subordinada a la comodidad diplomática de las grandes potencias.

La historia de la descolonización demuestra que los derechos de los pueblos no pueden depender exclusivamente de la conveniencia de los Estados más poderosos. Si la legalidad internacional reconoce un proceso de autodeterminación, ese principio debería aplicarse con independencia de las alianzas militares, económicas o estratégicas que existan alrededor del territorio.

Eso no significa ignorar los intereses legítimos de las poblaciones marroquíes ni negar la necesidad de una solución negociada. Significa algo más básico: ninguna negociación debería eliminar de antemano el derecho de la población saharaui a decidir sobre su propio futuro.

Tampoco puede ignorarse la dimensión económica. Los recursos naturales, las infraestructuras, la pesca, los fosfatos y las inversiones desarrolladas en el territorio forman parte de una realidad que evoluciona mientras la cuestión política continúa pendiente. El dictamen jurídico de Naciones Unidas de 2002 ya advertía sobre la necesidad de respetar los intereses y deseos de la población del territorio en cualquier actividad de exploración o explotación de sus recursos.

Por eso la descolonización no puede limitarse a dibujar una solución sobre un mapa. También debe preguntarse quién controla el territorio, quién decide sobre sus recursos y quién puede determinar su futuro político.

Treinta años después, la promesa sigue pendiente

En marzo de 2022, treinta años después del alto el fuego de 1991, el Sáhara Occidental se encuentra nuevamente ante una encrucijada. La MINURSO continúa desplegada, pero el referéndum no se ha celebrado. El alto el fuego se rompió en 2020. Staffan de Mistura intenta recuperar el proceso diplomático. Marruecos continúa defendiendo la autonomía bajo su soberanía. El Frente Polisario mantiene su reivindicación de autodeterminación. Argelia continúa apoyando la causa saharaui y Estados Unidos ha reconocido la soberanía marroquí sobre el territorio. Y España acaba de modificar sustancialmente su posición histórica.

Cada uno de estos elementos demuestra que el conflicto no está realmente congelado. Lo que se encuentra congelado es la solución.

El problema es que mientras la solución permanece congelada, la realidad continúa cambiando. El muro permanece. Las familias continúan separadas. Los campamentos siguen existiendo. Los recursos continúan siendo explotados y las alianzas internacionales se modifican. Las nuevas generaciones crecen en una situación que debía ser temporal y que, sin embargo, amenaza con convertirse en permanente.

Por eso la pregunta fundamental no debería ser únicamente qué solución resulta más conveniente para Marruecos, España, Argelia, Francia o Estados Unidos. Tampoco debería reducirse a qué fórmula diplomática resulta más cómoda para el Consejo de Seguridad.

La pregunta fundamental es mucho más sencilla:

¿Qué quiere el pueblo saharaui para su propio futuro?

Después de casi medio siglo de descolonización inconclusa y treinta años de una promesa incumplida, esa pregunta continúa esperando respuesta.

Y mientras Naciones Unidas siga reconociendo el derecho a la autodeterminación sin conseguir que ese derecho pueda ejercerse, el Sáhara Occidental continuará recordándonos una de las grandes contradicciones del orden internacional: la distancia que puede existir entre reconocer un derecho y estar dispuesto a hacerlo realidad.

Porque una descolonización que nunca permite al pueblo colonizado decidir su destino no es una descolonización terminada.

Es una descolonización pendiente.

Siguenos en twitter:
https://twitter.com/DifusionRebelde
@DifusionRebelde